Eduardo Malagón Zaldua es profesor de la UPV, miembro del Departamento de Políticas Públicas e Historia Económica y del instituto Hegoa

No puedo decir que el tema de la agricultura me resulte ajeno. Hace tiempo, cuando empezaba mi carrera académica, me centré en los problemas del sector primario y de los núcleos rurales. Y, en unos tiempos más y en otros menos, en eso sigo. Esto me ha permitido ser observador de los cambios sufridos por el sector primario en los últimos 30 años. Al mismo tiempo, les he visto crear, construir y desmantelar progresivamente discursos para impulsar y legitimar políticas y subvenciones que debían garantizar la supervivencia de la agricultura y las zonas rurales, para dejar paso a otros conceptos y a nuevas ideas.

Durante todo este periodo, siempre ha existido una oscura amenaza que envolvía cualquier reflexión sobre el sector: la inacabable crisis del sector agrario. Este mantra lo han (hemos) repetido administraciones, representantes del sector y expertos, considerando al granjero (y al agricultor en general) como una especie en extinción. Sin embargo, la circulación de tractores observada en las últimas semanas en nuestras principales ciudades indica claramente que los baserritarras sobreviven. Quizá son los últimos (lo dicen ellos), pero están vivos. Y también enfadados.

Desde principios de siglo, el número de explotaciones se ha reducido a la mitad en Hego Euskal Herria: no quedan más de 25.000, más de la mitad de ellas en Navarra. Este proceso no es una peculiaridad vasca, sino que se está dando en toda Europa: en el periodo 2005-2020, 5,3 millones de explotaciones agrarias han desaparecido en la Unión Europea, con una reducción del 37%. Sin embargo, esta desaparición no ha venido acompañada de una disminución de la superficie productiva, que se ha mantenido estable, sino de una disminución del empleo agrario (más del 36%) y de un aumento del tamaño medio de las explotaciones.

«Los padres e hijos han renunciado a continuar la actividad. El apego generacional a la tierra no puede superar la carga impuesta por los horarios inacabables, los precios que no llegan a cubrir los costes y la burocracia establecida por las Administraciones Públicas»

Así que muchas tierras tienen nuevos propietarios. Ya no son campesinos antiguos o sus descendientes. Padres e hijos han renunciado a continuar la actividad. El apego a la tierra a lo largo de generaciones no puede superar la carga impuesta por los horarios inacabables, los precios que no llegan a cubrir los costes y la burocracia impuesta por las administraciones públicas. ¿Significa esto que la producción de alimentos ha perdido atractivo (y rentabilidad)? No, en absoluto. Pero esto se mueve en otros parámetros. Para actores como los fondos de inversión, la tierra agrícola supone una oportunidad única para diversificar sus activos.

Estos nuevos propietarios han generado cambios en el modelo de gestión, poniendo las actividades a disposición de las empresas de servicios. Las empresas de la industria alimentaria y de la gran distribución intentan también invertir en terrenos para tener el control de los eslabones delanteros de la cadena de valor y así garantizar el suministro en cantidades y precios. Bajo la lógica del capital financiero, la tierra no es más que un activo más. Y como cualquier activo, maximizar su rentabilidad se convierte en criterio de su existencia.

«Si no es posible competir con el capital financiero, quizá haya que invertir en el capital de las relaciones: asociándose con otros agricultores, consumidores y administraciones locales para transformar los alimentos, construir redes de distribución alternativas y fomentar el consumo local»

¿Cuál es, en este contexto, el futuro que pueden esperar los pequeños y medianos agricultores? No puede negarse que el sistema agroalimentario convencional sustentado por el capital financiero es extraordinariamente eficaz en la provisión de grandes grupos de población. Y ese modelo cada vez necesita menos agricultores. Por tanto, si no es posible competir con el capital financiero, quizá haya que invertir en capital relación: asociándose con otros agricultores, consumidores y administraciones locales para transformar los alimentos, construir redes de distribución alternativas y fomentar el consumo local.

El tejer estas relaciones no es exclusivo de los agricultores: es obligatoria la participación activa de otros agentes. Y también el apoyo de las administraciones públicas. Pero el reto de toda la sociedad es sostener alimentos sanos, de calidad, producidos en condiciones justas y una agricultura que pueda ofrecerlos a precios dignos. Para ello, necesitamos agricultores. ¿Podemos aceptar la agricultura sin agricultores?