Catorce organizaciones ganaderas, agroalimentarias y veterinarias, entre ellas la COAG, han enviado un comunicado conjunto dirigido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para que España rechace el nuevo Reglamento Europeo relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas.

Las organizaciones firmantes son: Anice, Anprogapor, Apromar, Asaja, Aseprhu, Asoprovac, Avianza, Cesfac, COAG, Cooperativas agro-alimentarias de España, Federovo, Intercun, UPA y Veteindustria.

Aducen que el nuevo reglamento europeo no tiene suficiente base científica y no asegura una mejora en el bienestar de los animales durante el transporte respecto de la situación actual. Argumentan que "la propuesta no ha sido lo suficientemente trabajada" y que "su impacto social, económico y medioambiental no ha sido adecuadamente estimado". Asimismo, sostienen que "la solución debe ser trabajar para mejorar la implementación del actual marco legislativo, el más exigente del mundo, lo que permitiría seguir aumentando el bienestar de los animales".

Las "exigentes" medidas del nuevo reglamento, añaden, "arriesgarían la sostenibilidad económica de muchas áreas rurales en territorios más desfavorecidos y despoblados, reducirían la diversidad cultural y beneficiarían los intereses de países que ocupan una posición privilegiada para el comercio de animales, mientras se condenaría a los países periféricos (y a los territorios insulares) a una grave desventaja competitiva, que soportarían costes desproporcionados".

Piden por ello que la posición de España ante el Consejo sea la de rechazar la propuesta y exigir su retirada, oponiéndose frontalmente a la misma, "por los graves daños que ocasionaría a la producción ganadera española, a la cadena de valor de los alimentos de origen animal, a los ciudadanos (sean productores o consumidores), a la economía y al desarrollo rural de nuestro país, a su cultura gastronómica y al modelo productivo español".

Graves consecuencias

Estas son las principales razones que esgrimen para afirmar que el nuevo reglamento no es viable:

• • Impide el comercio justo y equilibrado entre los países miembros de la Unión Europea. Por efecto de la limitación de las horas de viaje y de las temperaturas permitidas para el transporte, los ganaderos españoles no podrían recibir animales para su cría de países donde se compran actualmente, ni tampoco exportar genética de alto valor al resto del mundo.
  • Carga administrativa sin precedentes. Las obligaciones recogidas en la propuesta de norma conllevan un coste administrativo, burocrático y de personal muy alto y muchas granjas no cuentan con medios para llevarlo a cabo y los más pequeños serán los más afectados.
  • El sector de producción animal español sufre una clara discriminación por su situación geográfica y condicionantes naturales. En la propuesta de norma, las temperaturas y la diversidad geográfica de nuestro país nos condicionan y esta propuesta supone un agravio comparativo respecto a otras regiones europeas dadas las temperaturas medias de España.
  • Trabajo nocturno. Las dificultades para transportar animales durante el día en períodos largos del año obligará a los trabajadores del sector ganadero y actividades conexas a trabajar más horas durante la noche. Esto implicaría que la producción animal tendría un coste mayor, más riesgos laborales, mayores dificultades para conciliar y un mayor riesgo para la seguridad vial, entre otros.
  • Disminución de las exportaciones. Si esta propuesta progresa, la capacidad exportadora de España se vería gravemente reducida. El impacto no afectaría únicamente a los ganaderos, sino también a la cadena alimentaria que depende de los productos de origen animal (industrias de transformación y despiece, principalmente, pero también a las fábricas de piensos y de insumos necesarios para la producción animal y de sus productos transformados, y a los transportistas de animales y sus productos).
  • Inflación y disminución de los ingresos del Estado. Si se aprobara el texto, el consumidor pagaría los incrementos de coste de producción de los productos de la cesta básica. Sería más caro consumir carne, huevos o pescado, especialmente para las personas con rentas más bajas de la población.